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SE MORIRÁ LA CAJA?

 

¿SE MORIRÁ LA CAJA?

Arropado por los sectores más reaccionarios de la sociedad, este gobierno parece que al fin les va a hacer realidad uno de sus sueños de muchos años: acabar con la CCSS. Lo han venido insinuando por meses, pero ahora el lobo asomó las orejas. “(Ahora) es la oportunidad de hacer cosas”, dijo el presidente. Ante las protestas masivas de la población, habían aplazado votar el plan de tercerización. Después, aprovechándose de que nos han quitado el derecho a la protesta, le han rebajado a la Caja seriamente sus ingresos normales; ahora declaran que las deudas que les tienen quedarán para nunca jamás.

El ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central (¿quiénes si no el Banco Mundial y el FMI?) señalan además que “no se puede hacer nada para resolver el problema financiero” de la institución. Lo mismo se dijo, por cierto, hace cinco años; y hace diez; y hace veinte; y hace… ¿cuándo no?

La Caja podría ser la institución más sólida del país, pero le adeudan millones: el Estado, 1,65 billones (millones de millones); la empresa privada, una suma similar. Es el acumulado de décadas de alcahuetería, saqueo y violación de las leyes. Esas deudas gigantescas la habían llevado a una situación asfixiante, pero ahora con la pandemia ya se convirtió en estocada de muerte. La Caja no solo ha visto recortados sus ingresos abruptamente, sino que además ha tenido que hacerle frente a los gastos del Covid-19. Además, se ha visto obligada a suspender decenas de miles de citas de todo tipo y otras tantas cirugías y procedimientos. Dentro de unos meses las colas serán tan inimaginables que la población, piensan ellos, va a aceptar con alegría que se contrate a la empresa privada para ejecutarlas. Ese será el fin de la institución.

La obligación de la Caja, aceptada como lo más natural, de tener que hacerle con sus recursos frente a la pandemia del Covid-19 es lo más antinatural del mundo. Es lo más absurdo. La pandemia debe enfrentarse con recursos del Estado.

La filosofía sobre la que descansó la institución en sus comienzos fue la del mutualismo, que Calderón Guardia conocía muy bien pues había estudiado en Europa, donde esa filosofía era muy fuerte. Ella se basa en un principio: un conjunto de ciudadanos aporta de su salario una cuota regular con la que acumulan un capital común que les sirve para asistir a sus compañeros en casos de necesidad: enfermedad, vejez, desempleo u otras. Era impensable entonces que personas que no coticen gozaran de esos beneficios.

Cuando el socialismo ganó fuerza en Europa, las asociaciones mutualistas recibieron, además, el aporte del Estado, pero mantuvieron el principio de que los beneficiaron son sus afiliados.

Y así fue desde sus comienzos la Caja y su hijo natural, el sistema de pensiones, hasta que los políticos metieron manos en el botín.

El primer caso grave de asalto a la Caja fue la universalización de los servicios y su consecuente traspaso de los hospitales del Estado a esta institución, porque se le pasaron los edificios, generalmente viejos y obsoletos, y los pacientes, pero no los recursos para atenderlos. Ahora todos podían disfrutar de una buena atención médica, pero a costa de los asegurados. Lo mismo ocurrió con las clínicas y centros de salud, base de los ebais. Lo que antes tenía que pagar el Ministerio de Salud, ahora se pasó a hombros de la Caja.

Por supuesto que son los médicos de la Caja los que tienen que atender la pandemia. ¿Quién si no? Por supuesto que los asegurados infectados tienen derecho a atención médica. Pero la financiación de los costes médicos de la epidemia debería ser del Estado. De lo contrario pasaría lo que está ocurriendo ahora: una institución creada y sostenida con el aporte constante de generaciones de empleados ahora está al borde de la quiebra.

El gobierno no se cansa de repetir que no hay dinero para hacerle frente a sus responsabilidades para con la Caja. El pueblo se cansa de repetir que el dinero faltante lo tienen los evasores, a los que este y todos los demás gobiernos han protegido por décadas.

Pero además es el momento de decisiones patrióticas.

En 1948, después de la guerra civil, José Figueres Ferrer y la junta de gobierno emitieron un decreto que decía:

“Artículo 1º- Establécese una contribución forzosa extraordinaria del 10% del capital privado que pagarán, por una sola vez, todas las personas físicas y morales, nacionales y extranjeras, establecidas en el territorio nacional”.
Es el momento de repetir esa acción: imponerles a los grandes capitales un impuesto único, que se cobre de una sola vez, destinado a salvar a la institución más querida de los costarricenses, la CCSS.

 

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